FUERZA PÚBLICA DEL EDOMEX EN EL OJO DEL HURACÁN: PRESUNTA EXTORSIÓN Y ABUSO DE AUTORIDAD DEJAN A REPARTIDOR CON DISCAPACIDAD EN ESTADO DE INDIGENCIA
Por Juan Carlos Valdez Arévalo
En un hecho calificado por testigos como un acto de deshumanización y presunta corrupción administrativa, una oficial de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) es señalada por haber despojado de su medio de sustento a un joven motociclista con discapacidad. Según la denuncia ciudadana, la agente no solo habría utilizado su investidura para cometer abusos, sino que habría dejado al afectado con lesiones físicas y a su familia en una situación económica desesperada tras ser víctimas de un esquema de extorsión.
EL OPERATIVO VIAL Y EL PRESUNTO INTENTO DE «MOCHADA»
Los hechos ocurrieron el pasado 20 de mayo de 2026, aproximadamente a las 12:30 horas, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Independencia. El afectado, un joven que se desempeñaba como repartidor de alimentos por aplicación, fue interceptado por la oficial Zavala Saavedra Vanesa Dolores, quien viajaba a bordo de la patrulla identificada con el número ME-825-A5.
De acuerdo con el relato de la víctima, al momento de la detención por una supuesta falta administrativa, el conductor optó por solicitar la boleta de infracción correspondiente para solventar la multa de manera legal. No obstante, versiones de personas presentes en el lugar indican que la uniformada habría esperado una negociación directa —comúnmente conocida como «mordida»— para permitir su liberación. Al percatarse de que el trabajador se negaba a acceder a dicha petición, la oficial habría reaccionado con violencia.
Cabe señalar que, normativamente, los agentes de la Policía Estatal no tienen facultades para levantar infracciones de tránsito, una labor que recae exclusivamente en la Policía de Tránsito del Estado de México .
LA VIOLENCIA CONTRA UN CONVALECIENTE
El reporte detalla que la oficial procedió a bajar al joven de la motocicleta mediante golpes, ignorando por completo su estado de salud. Se establece que el afectado se encontraba recién operado y en periodo de recuperación. Debido al forcejeo violento ejercido por la autoridad, las heridas de la cirugía reciente se abrieron, causándole un dolor agudo y poniendo en riesgo su integridad física.
Como complemento al abuso, se alega que la policía le decomisó su cangurera, donde guardaba las ganancias obtenidas durante la jornada laboral, antes de presentarlo ante las autoridades correspondientes.
LA CONSUMACIÓN DE LA PRESUNTA TRAMPA EN EL MINISTERIO PÚBLICO
Para justificar el uso excesivo de la fuerza y el decomiso de su herramienta de trabajo, la oficial remitió la motocicleta al depósito vehicular (corralón) y consignó al joven ante el Ministerio Público bajo el presunto delito de «resistencia al arresto».
El denunciante asegura que fue dentro de las instalaciones gubernamentales donde se consumó la presunta corrupción. En complicidad con el agente del Ministerio Público en turno, la familia del joven habría sido extorsionada con el pago de 8 mil pesos mexicanos a cambio de otorgar su libertad y no proceder penalmente en su contra.
SITUACIÓN ACTUAL DEL AFECTADO Y PERFIL DE LA OFICIAL
Actualmente, el joven repartidor continúa presentando secuelas físicas y un fuerte daño psicológico. Además, enfrenta una grave crisis económica al carecer de los recursos necesarios para recuperar su motocicleta, la cual permanece depositada en el corralón, dejando así sin sustento a su núcleo familiar.
La oficial señalada no pertenece a la corporación de tránsito. Según la denuncia, Zavala Saavedra Vanesa Dolores se desempeña presuntamente como Jefa de Turno del Primer Agrupamiento de la 28 Región, con sede en el municipio de Nicolás Romero.
LLAMADO A LAS AUTORIDADES
En un contexto donde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha informado que existen al menos siete denuncias activas por extorsión contra elementos de seguridad y ha suspendido a varios agentes por conductas similares, organizaciones civiles y familiares exigen la intervención inmediata de las autoridades.
Se hace un llamado urgente al Gobierno del Estado de México y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se realice una investigación exhaustiva y se apliquen sanciones ejemplares, evitando así que estos actos de impunidad sigan destruyendo el tejido social y la confianza en las instituciones.
Los canales oficiales de denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) se encuentran disponibles para las víctimas a través del correo fiscaliaanticorrupcion@fiscaliaedomex.gob.mx y el teléfono 800 7028770.
