Nos resulta preocupante que en los primeros días del año y en un lapso de menos de 24 horas tres periodistas hayan sido agredidos en dos hechos distintos.
Sobre el caso del reportero del
Diario Basta, Héctor García, resulta alarmante que pese a haber denunciado
amenazas por parte de personas agremiadas al Sindicato Único de Trabajadores
del Gobierno de la Ciudad de México, las autoridades no actuaron en consecuencia
brindando las medidas cautelares y de protección para el periodista y
posteriormente fuera apuñalado en las inmediaciones de la Estación Cuatro
Caminos del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Naucalpan de Juárez.
Sobre este caso exigimos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que realice una investigación clara, exhaustiva, profesional e independiente para dar con las personas responsables material e intelectualmente de la agresión y no pretendan salir con la hipótesis de que se trató de un asalto fallido.
Nos ofende e indigna la manera en
cómo el Ayuntamiento de Chimalhuacán optó por criminalizar la labor
periodística para justificar la agresión que sufrió el fotoperiodista David
Deolarte y la detención arbitraria y extrajudicial de que fue objeto el fotoperiodista
Leonardo Sánchez, quienes acudieron a cumplir con su labor informativa.
Exigimos al presidente municipal de
Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez que ofrezca una disculpa pública
y que en caso necesario aplique las sanciones administrativas respectivas por
el uso indebido de la fuerza y abuso de autoridad cometidas por los agentes
municipales que agredieron a nuestros colegas.
Reprochamos
al Gobierno del Estado de México que encabeza Alfredo Del Mazo Maza por hacer
caso omiso a su propia promesa de construir con este colectivo un Protocolo de
Actuación para Garantizar el Ejercicio Profesional del Periodismo en el Estado
de México, cuyo fin es precisamente evitar confrontaciones con autoridades y
que las y los periodistas podamos ejercer nuestra labor con seguridad y
respetando el Estado de Derecho que nos rige como Estado y como Nación. Este
proyecto de protocolo lo entregamos el 31 de julio de 2019 a Rodrigo Espeleta,
Secretario de Justicia y Derechos Humanos
y seis meses después, no hay
respuesta seria.
Reprochamos igualmente al Congreso
del Estado de México, concretamente al
grupo parlamentario de Morena, por haber hecho caso omiso a su propia promesa
de analizar y aprobar la iniciativa de Ley de Protección Integral para
Periodistas del Estado de México en el pasado mes de diciembre, de la cual
enviamos propuestas y adiciones para mejorarla en beneficio del periodismo y
del derecho de la sociedad mexiquense a recibir información clara, veraz,
oportuna y libre.
Reiteramos nuestro llamado al
Congreso del Estado para que realice las reformas necesarias al Código Penal y
Código de Procedimientos Penales del Estado de México para crear los tipos
penales específicos de “Delitos contra la Libertad de Expresión”.
Reiteramos nuestra exigencia a la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que a la brevedad
posible emita las reformas a su ley orgánica para crear una Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, lo que
garantizaría investigaciones especializadas en el caso de agresiones cometidas
contra periodistas.
